Allanan y roban las instalaciones de la revista “Contralínea”

El saqueo a las oficinas de Contralínea. Foto: Contralínea
El saqueo a las oficinas de Contralínea.
Foto: Contralínea

MÉXICO, D.F. (apro).- De nueva cuenta, las instalaciones de la revista Contralínea, fueron allanadas la noche del pasado lunes por delincuentes que sustrajeron expedientes periodísticos de los reporteros, así como equipo de cómputo y material editorial.

En un comunicado, la revista dirigida por Miguel Badillo informó que los ladrones forzaron las cerraduras de las oficinas, ubicadas en la avenida Río Churubusco 590, colonia Del Carmen, delegación Coyoacán, y se llevaron 19 equipos de cómputo, incluidas las laptops del director y del subdirector, José Réyez, una cámara de video profesional, tres pantallas de televisión, equipo de audio y una consola de producción radiofónica.

También robaron discos compactos con información editorial, así como documentación personal que algunos periodistas guardaban en sus escritorios.

De hecho, agregó, “todos los escritorios, gavetas y cajones de la redacción fueron saqueados”.

Contralínea consideró el hecho como un “acto intimidatorio” debido a las agresiones constantes que ha recibido su equipo editorial.

Hace poco más de dos meses, el 18 de abril pasado, el domicilio particular del director, Miguel Badillo, también fue asaltado. Por ese hecho se inició la averiguación previa FCY/COY-2/T2/0105071406 , pero a pesar de que existen videos donde se observa a los asaltantes y el automóvil que emplearon para el hurto la Procuraduría General de Justicia del Distrito Federal (PGJDF) no ha podido resolver el caso.

De acuerdo con la revista, en el robo del lunes por la noche, la caja fuerte ubicada en la oficina del subdirector fue violentamente forzada. “Algunas puertas y ventanas fueron rotas, además de que los delincuentes movieron las cámaras de vigilancia y cortaron sus cables”, agregó.

Las cámaras, destacó la revista, son parte de las medidas cautelares dictadas por la Secretaría de Gobernación (Segob) a favor de este medio, como parte de los protocolos del Mecanismo de Protección para Defensores y Periodistas.

La medida se logró tras las peticiones hechas directamente por la Organización de las Naciones Unidas (ONU) y la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) para garantizar el libre ejercicio de expresión e información del equipo de Contralínea.

La revista agregó que aunque dicho Mecanismo también incluía vigilancia policíaca permanente en las oficinas de la editorial, “esta nueva agresión demuestra la ineficacia de Gobernación para garantizar y proteger la labor periodística”.

Largo historial de amenazas

A lo largo de su historia, que inició en abril de 2002, la revista Contralínea ha sido blanco de amenazas, persecuciones, juicios, robos, allanamientos, vetos publicitarios e informativos gubernamentales, un arresto y una emboscada.

Entre ellos, destacan los siguientes:

-5 de agosto de 2007. Integrantes del Grupo Zeta Gas irrumpieron en las instalaciones; amenazaron con desaparecer la publicación y exigieron revelar nombres de fuentes de información. Un día después, Jesús Zaragoza López, director la empresa, presentó la primera de tres demandas por supuesto daño moral ante el Juzgado 44 Civil del Tribunal Superior de Justicia del Distrito Federal. La demanda contra la revista y sus periodistas se resolvió en diciembre de 2008 con una resolución condenatoria.

Según la publicación, entre las irregularidades del caso se cuenta que el juez “se excedió al dictar su resolución e impuso obligaciones de imposible cumplimiento”, además de que pretendió respaldar su decisión “con consideraciones no jurídicas, sino de apreciación personal y de valor en contra de los periodistas y del medio”.

-7 de noviembre de 2007. La empresa Oceanografía, SA de CV, interpuso un juicio civil por “daño moral” ante el Juzgado 40 de lo Civil, en contra de la revista y de algunos de sus reporteros.

De acuerdo con el medio, en las audiencias se cuestionó la calidad de los periodistas y sus pruebas ofrecidas. Sin embargo, se desecharon pruebas de la misma naturaleza y calidad que las ofrecidas por el demandante, sin que a ésta se le hayan desechado.

-13 de agosto de 2008. Los abogados Graham Alberto Zubía Félix, Francisco Cuellar Ontiveros, Diego Romero Velasco, el actuario Juan Manuel Aguilar Maya y el perito auxiliar Sergio Guillermo Gonzáles Pulido, de la empresa gasera Zeta Gas, allanaron las instalaciones de Contralínea respaldados por guardaespaldas armados y policías de la Secretaría de Seguridad Pública del DF.

Ante este hecho, la revista interpuso una queja ante la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) por acoso judicial y amenazas de muerte el 12 de septiembre de 2008.

-16 de enero de 2009. Elementos de la Policía Bancaria e Industrial (PBI) del DF arrestaron al director de Contralínea, Miguel Badillo.

-11 de febrero de 2009. Representantes del Grupo Zeta Gas allanaron otra vez las instalaciones y exigieron ingresar a los escritorios y archivos de los trabajadores y periodistas.

-22 de abril de 2009. Blue Marine Technology Group demandó a Contralínea y a sus periodistas por “daño moral”.

-14 de septiembre de 2009. La CNDH emitió la Recomendación 57/2009 por discriminación publicitaria hacia la revista por parte del gobierno federal.

-10 de abril de 2010. Delincuentes saquearon las instalaciones de Contralínea.

-27 de abrirl de 2010. La Caravana por la Paz que se dirigía a San Juan Copala fue emboscada, pero entre sus integrantes estaban los reporteros Érika Ramírez y David Cilia, quienes estuvieron “desaparecidos” dos días. Fueron rescatados el 29. Ambos presentaban deshidratación y él, tres heridas de bala.

-31 de agosto y el 1 de septiembre de 2010. Las periodistas Marcela Yarce Viveros, fundadora de Contralínea, y Rocío González Trápaga, fueron asesinadas.

-Diciembre de 2013, la Secretaría de Gobernación, la CNDH y la CIDH iniciaron una nueva investigación por las violaciones a derechos humanos cometidos por jueces de Jalisco contra periodistas de la revista.

La amenaza del Grupo Zeta Gas

Según información de Contralínea, la empresa Grupo Zeta Gas consiguió una sentencia en su contra, obligándola a pagar 500 mil pesos, dinero que tuvieron que conseguir con el remate de la casa familiar del director Badillo para pagarla.

Sin embargo, el debido proceso fue violentado: “A espaldas de los periodistas se inició y concluyó un juicio en el que no se les permitió defenderse”, dijo, por lo que la revista fue condenada por el Juzgado Noveno de lo Civil en Jalisco a pagar una multa de medio millón de pesos.

El proceso, promovido por Grupo Zeta a través de su filial Thermogas, inició y concluyó “a espaldas del medio de comunicación, pues no se notificó a los periodistas interesados. Con ello, el Poder Judicial del Estado de Jalisco violó los derechos humanos de los hoy sentenciados y les canceló su derecho a un juicio justo, además de atentar en contra de la libertad de prensa y el derecho a la información”.

En este caso intervino la Segob, a través de su Unidad para la Defensa de los Derechos Humanos (UDDH). En el oficio UDDH/911/5689/2013, el titular de la Unidad, Juan Carlos Gutiérrez Contreras, solicitó al magistrado presidente del Supremo Tribunal de Justicia del Estado de Jalisco, Luis Carlos Vega Pámanes, investigar “la presunta violación a los derechos humanos en relación a su garantía de audiencia y al debido proceso”.

El documento oficial refiere la recomendación 57/2009 emitida por la CNDH en 2009 y la reciente Recomendación General 20, en la que se documentó “la violación al debido proceso en que incurrió el Poder Judicial del Estado de Jalisco en otros juicios interpuestos por Zeta Gas en contra de Contralínea”.

La Segob solicitó al magistrado Gutiérrez Contreras “su colaboración institucional, con la finalidad de que sirva informar aquello que permita conocer las acciones que a favor de los derechos humanos se hubiere realizado, así como el estatus y el nivel de cumplimiento de la recomendación”.

La dependencia encabezada por Miguel Ángel Osorio Chong recordó al Poder Judicial del Estado de Jalisco –representado por el presidente del Supremo Tribunal de Justicia de la entidad, Luis Carlos Vega Pámanes– su obligación “de prevenir, investigar, sancionar y reparar violaciones a los derechos humanos, así como de promover, respetar, proteger y garantizar los mismos”.

En tanto, la CNDH abrió un expediente en el que documentó los más recientes agravios en contra de Contralínea y sus periodistas. El visitador adjunto adscrito al Programa de Agravios a Periodistas y Defensores Civiles de Derechos Humanos, de la Quinta Visitaduría General, Arturo E. Pech Rodríguez, recibió y dio entrada a la queja de los periodistas.

En el texto se estableció que los periodistas no fueron notificados del juicio instruido en su contra, ni de ninguna acción judicial dentro del juicio 0906/2009 para “conocer las acciones en su contra y emprender la defensa adecuada”.

En la Fiscalía Especial para la Atención de Delitos Cometidos contra la Libertad de Expresión de la Procuraduría General de la República (PGR) se abrió un expediente por los ataques sistemáticos a un medio de comunicación.

La CIDH, a través de su relatora Especial para la Libertad de Expresión, Catalina Botero Marino, conoció el caso y dijo que estudia el tipo de acción a emitir al respecto.

La Comisión Estatal de Derechos Humanos de Jalisco escuchó la relatoría de la queja de los periodistas, pero no se comprometió a nada. Dijo que en cinco días hábiles darán una respuesta si admite o no la queja.

 

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