La Contrarreforma Energética

Lo que ahora mismo debieran de publicar los medios de comunicación masivos no es la gran farsa de la contrarreforma energética para modernizar el País, sino la forma como México se ha integrado a los intereses geopolíticos de los Estados Unidos, ya que todos estos cambios constitucionales son contrarios al interés nacional. Aun cuando Washington y sus grandes petroleras trasnacionales reclaman una apertura total a la riqueza energética de México, no informan que su nación tiene la prohibición expresa en sus leyes de que nadie puede exportar su petróleo crudo.

No obstante, la gran mayoría de los mexicanos que han sido encuestados al respecto de esta contrarreforma y representan el 80% del total de la población expresan su descontento con dicha reforma promulgada por Peña Nieto y apoyada por los partidos del PAN y el Verde Ecologista. De hecho se está viviendo uno de los cambios más radicales en la industria petrolera mexicana que se planeó desde la época de Carlos Salinas para lograr la total integración de México a los Estados Unidos en condiciones de alta vulnerabilidad y con extremas desventajas para una nación con más del 50% de su población viviendo en la pobreza y con una larga historia de despojos de sus recursos naturales.

Ahora mismo se vive una política de contrarreforma malinchista en la que se entrega la enorme riqueza petrolera a cambio de piedrecitas de colores sin valor como sucedió durante la Conquista. Se viola el artículo 27 de la Constitución en materia petrolera para dar concesiones mediante las nuevas Leyes de Hidrocarburos y de Ingresos sobre Hidrocarburos que se autorizan alegremente y sin crear mecanismos de protección a la población, al medio ambiente y a la propia industria petrolera ya existente.

Mediante la Nueva Ley de Hidrocarburos se van a legalizar contratos y licencias que son contrarios a los intereses del Estado y de los mexicanos. Estas fórmulas ya han sido aplicadas en otras naciones y sin excepción los resultados han sido desastrosos. Además se desmantelará a Pemex y se creará una comercializadora privada para vender los hidrocarburos del Estado, dejando en manos privadas la renta petrolera, su infraestructura y sus canales de comercialización.

Todo se hizo en forma tramposa por quiénes redactaron el decreto de la reforma energética, en cuyo artículo 4 Transitorio Constitucional se estableció que los diferentes tipos de contratos tienen el objetivo de obtener ‘máximos ingresos para el Estado’. No obstante intentan confundir al ciudadano común al señalar que esos ingresos ‘máximos para el Estado’ son los impuestos que se obtendrán por la vía fiscal y no mediante los beneficios económicos contenidos en los contratos. Además, la peor carga fiscal será para Pemex y no para los contratistas privados, cuyo régimen fiscal es muy agresivo y aun peor que el actual.

En el galimatías de esta contrarreforma no se puede entender cómo podrá Pemex competir con las empresas privadas si tiene una carga fiscal del 70% además de un dividendo del 30%. Mientras que a las empresas privadas sólo se les aplicará un 40% en el mejor de los casos y se les devolverán todos sus costos, gastos, inversiones y regalías con cargo a la renta petrolera nacional. Esto significará una notable disminución de los recursos para financiar el gasto público. Los legisladores y sus jefes piensan que esa baja del ingreso para los costos burocrático se va a compensar al tener una mayor producción de hidrocarburos que nadie puede garantizar, ni siquiera en el largo plazo, ya que en 9 años se acabarán las reservas nacionales y se tienen que pagar con las reservas Cantarell 7 de cada 9 barriles de petróleo que se comprometieron desde tiempos de Zedillo para el pago de Pidiregas que durará hasta el 2024.

Con esta serie de planteamientos absurdos y malinchistas, además del régimen fiscal confiscatorio establecido para Pemex, lo más probable es que México se hunda en un ‘crack energético’, perdiendo su soberanía energética y el sueño guajiro de grandeza que imaginó López Portillo, por lo que México pasará de la ‘administración de su riqueza petrolera’ a ‘concesionar su futuro a los americanos’, tal como sucedió cuando Antonio López de Santa Ana estaba al frente de la dictadura mexicana a mediados del siglo 19.

Lo que ahora sucede es que los descendientes y asociados de los tecnócratas que se quedaron en el poder desde 1982 están conduciendo a México a una etapa política y económica peor que el porfirismo ya que van a desmantelar a Pemex, que significaba el 8% del PIB nacional y el 40% de toda la riqueza nacional. Además, es muy probable que la corrupción aumente, ya que ahora se garantiza un mayor nivel de impunidad a los funcionarios públicos y la privatización de las empresas energéticas propiciará más abuso y corrupción.

Si las tarifas de gas y de luz, así como el precio de las gasolinas se conservan o ascienden, tal como lo señalan los spots publicitarios de Peña Nieto no habrán beneficios de ninguna índole para los millones de familias que viven en las áreas rurales, ni para los de bajos ingresos de las zonas urbanas, ya que se legalizó el despojo de la tierra mediante el uso de una falacia gramatical y denominarse el vil despojo de tierras como ‘ocupación temporal’. Por lo que más de 400 mil hectáreas del territorio nacional pasarán a ser propiedades de empresarios petroleros nacionales y extranjeros.

Adenda: No existe la menor duda de que el actual presidente de México y su grupo legislativo bajo control pasarán a ocupar un lugar de honor entre los grandes traidores de la historia, como Miramón y Mejía quiénes entregaron el País a Maximiliano de Austria y Antonio López de Santa Ana quién entregó a los Estados Unidos un territorio un poco mayor al territorio nacional actual y además pagó varios millones del erario nacional de esa época por realizar esa valerosa operación comercial.

Derechos Reservados de Autor 2014. Imagen de Internet.

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